Respuesta Rápida:
El proyecto de ley de IA de Brasil, PL 2338/2023, aprobado por el Senado el 10 de diciembre de 2024, sigue esperando votación en la Cámara de Diputados. Según Tech Policy Press, la falta de consenso político retrasó el voto de fines de 2025 a febrero de 2026, y los dos puntos más disputados son el copyright para entrenamiento de IA y la definición de sistemas de alto riesgo.
Puntos Clave:
El proyecto de ley que definiría cómo Brasil regula la inteligencia artificial sigue sin cruzar la línea de meta. El PL 2338/2023 fue aprobado por el Senado el 10 de diciembre de 2024, pero todavía necesita el visto bueno de la Cámara de Diputados antes de llegar a la firma presidencial, según confirma Artificial Intelligence Act Tracker. Mientras el proyecto avanza a paso lento, el calendario político brasileño se estrecha: la segunda mitad de 2026 estará dominada por la campaña electoral, lo que reduce la ventana disponible para que los diputados debatan y voten un texto tan técnico como este.
Según Tech Policy Press, la votación en la Cámara de Diputados estaba originalmente programada para fines de 2025. Esa fecha se postergó a febrero de 2026 por "falta de consenso político y desacuerdo sobre el texto". El medio agrega que los retrasos adicionales surgieron de temas como los centros de datos, que se volvieron relevantes durante el proceso legislativo y ampliaron la discusión más allá de los puntos originales del proyecto.
Tech Policy Press también cita a un experto identificado como Picolo, quien señaló que la segunda mitad de 2026 estará dedicada a la campaña electoral, lo que crea una ventana estrecha para que el proyecto avance antes de que la atención legislativa se desplace por completo hacia las elecciones.
Los dos puntos que frenan el voto: según Tech Policy Press, las dos cuestiones más disputadas son (1) cómo se aplica la ley de copyright al contenido usado para entrenar sistemas de IA, y (2) cómo se define y trata a los sistemas de "alto riesgo" sujetos a reglas más estrictas de transparencia.
Según Artificial Intelligence Act Tracker, el PL 2338/2023 adopta un enfoque regulatorio escalonado por nivel de riesgo. Existe un nivel de sistemas de "riesgo excesivo" que quedarían prohibidos directamente, y un nivel de "alto riesgo" sujeto a requisitos adicionales de seguridad y cumplimiento, con foco especial en sistemas que puedan afectar la seguridad pública o los derechos humanos fundamentales.
El mismo rastreador detalla que el proyecto se alinea con la Ley General de Protección de Datos (LGPD) de Brasil y crea una nueva autoridad regulatoria encargada de la supervisión y el cumplimiento. El texto también permite, bajo ciertas condiciones sin fines de lucro, el uso de material protegido por derechos de autor para entrenar sistemas de IA — aunque, como se mencionó arriba, la aplicación general del copyright a los sistemas comerciales de IA sigue siendo uno de los dos puntos más disputados antes del voto final.
Las multas en cifras:
Fuente: Artificial Intelligence Act Tracker.
Un marco escalonado por nivel de riesgo, como el que describe Artificial Intelligence Act Tracker, es una decisión de diseño deliberada, no un detalle técnico. En lugar de escribir un mismo conjunto de reglas para todos los sistemas de IA, el proyecto separa los sistemas en distintas categorías de cumplimiento según el daño potencial que puedan causar. Un chatbot que recomienda restaurantes enfrenta obligaciones muy distintas a un sistema usado para evaluar solicitudes de crédito o para señalar a personas ante autoridades. Esa distinción es precisamente lo que hace tan relevante la definición de "alto riesgo" —uno de los dos puntos disputados que identifica Tech Policy Press—. Si la definición es demasiado amplia, software empresarial ordinario queda enterrado en papeleo de cumplimiento. Si es demasiado estrecha, sistemas que sí afectan la vida de las personas escapan por completo del escrutinio.
Por eso la nueva autoridad regulatoria que menciona Artificial Intelligence Act Tracker importa tanto como la tabla de multas. Un marco de cumplimiento vale lo que valga el organismo que lo hace cumplir. Los negocios que operan en Brasil o le venden a Brasil deberían vigilar no solo si el PL 2338/2023 finalmente se aprueba, sino qué agencia terminará siendo responsable de interpretar "alto riesgo" en la práctica, ya que las primeras decisiones de cumplimiento suelen marcar el tono de años de cumplimiento posterior.
El planteamiento de Tech Policy Press sobre un calendario legislativo que se estrecha no es exclusivo de Brasil. La legislación tecnológica integral suele quedar atrapada detrás de los ciclos electorales en democracias de todo el mundo, porque los legisladores redirigen el tiempo del pleno hacia prioridades relacionadas con la campaña conforme se acercan las elecciones. Si la Cámara de Diputados no actúa sobre el PL 2338/2023 antes de ese giro, el efecto práctico no es que el proyecto muera —las sesiones legislativas brasileñas pueden arrastrar proyectos pendientes hacia el siguiente periodo—, sino que la aprobación final, y con ella la certeza legal para las empresas que despliegan IA en Brasil, se posterga aún más. Para los negocios que ya están diseñando programas de cumplimiento en torno al texto actual del proyecto, ese tipo de retraso tiene su propio costo: los equipos terminan diseñando contra un objetivo en movimiento en lugar de un reglamento definitivo.
Según el análisis técnico publicado por Data Privacy Brasil, el texto original del Artículo 15 incluía el riesgo a la integridad de la información, la libertad de expresión, el proceso democrático y el pluralismo político entre los criterios para identificar escenarios de alto riesgo en sistemas de IA. Esos criterios fueron eliminados. El relator justificó el cambio señalando "el imperativo de garantizar la libertad de expresión como valor fundamental para cualquier sociedad democrática".
Data Privacy Brasil también documenta la incorporación del Artículo 77, que establece que la regulación de aspectos relacionados con la circulación de contenido en línea que pueda afectar la libertad de expresión —incluido el uso de IA para moderación y recomendación de contenido— solo podrá hacerse mediante legislación específica. En otras palabras, el propio proyecto de ley de IA se cierra la puerta a sí mismo para regular directamente la moderación de contenido en redes sociales.
Sobre quién impulsó estos cambios, Data Privacy Brasil describe la existencia de "un movimiento de presión, posiblemente respaldado por el gobierno federal, para flexibilizar la redacción" del encabezado del Artículo 15. Es importante notar que la fuente utiliza un lenguaje condicional —"posiblemente"— y no atribuye de forma definitiva estas modificaciones al gobierno federal.
La respuesta cultural y ciudadana:
Según Data Privacy Brasil, más de 35,000 personas expresaron su apoyo a protecciones más estrictas de copyright a través del portal de participación ciudadana e-Cidadania. Un grupo de artistas firmó públicamente una carta oponiéndose a la flexibilización del copyright para el entrenamiento de IA. Los firmantes documentados por la fuente son:
Para negocios en Houston, Cypress, Ciudad de México, Bogotá o São Paulo, el debate legislativo brasileño es un recordatorio de algo más inmediato: la forma en que la IA generativa cita, recomienda y describe a las empresas ya está cambiando, con o sin ley aprobada. Mientras Brasil discute cómo regular el entrenamiento de modelos de IA, herramientas como ChatGPT, Perplexity y los AI Overviews de Google ya están decidiendo hoy qué negocios recomiendan cuando un cliente potencial pregunta por un servicio.
Esa brecha entre "la regulación de IA todavía se está escribiendo" y "la IA ya está haciendo recomendaciones en este momento" es la tensión central de toda esta historia. Los legisladores en Brasil están trabajando en cómo deberían aplicarse hacia adelante el copyright, la clasificación de alto riesgo y los límites de moderación de contenido a los sistemas de IA. Nada de eso cambia el hecho de que, en algún lugar, un motor de respuesta le está diciendo esta semana a un cliente potencial a qué negocio llamar. Esperar a que haya claridad regulatoria antes de atender la visibilidad ante la IA significa cederle ese terreno a los competidores que no esperaron.
Esa es exactamente la brecha que cierra el servicio de Optimización para Motores de Respuesta (AEO) de MerchandisePROS: auditamos las señales que determinan si tu negocio aparece citado por IA (schema de datos estructurados, contenido de preguntas frecuentes, citas autoritativas, consistencia de datos NAP) y te entregamos un plan de acción concreto. Puedes revisar el detalle completo de este y otros servicios en nuestra página de servicios.
"Mientras los gobiernos debaten cómo regular la IA, la IA ya está decidiendo qué negocios recomienda hoy. No esperes a que la ley se apruebe para asegurarte de que tu negocio sea el que se cita."
Diego Medina F., Fundador de MerchandisePROS
Es el proyecto de ley que establece un marco regulatorio de IA basado en riesgo para Brasil, con un nivel de sistemas prohibidos y un nivel de sistemas de alto riesgo sujetos a requisitos adicionales de seguridad y cumplimiento. El Senado lo aprobó el 10 de diciembre de 2024 y ahora espera votación en la Cámara de Diputados.
El Senado brasileño aprobó el PL 2338/2023 el 10 de diciembre de 2024, según Artificial Intelligence Act Tracker. La Comisión Temporal Interna sobre Inteligencia Artificial (CTIA) había aprobado el informe sustitutivo cinco días antes, el 5 de diciembre de 2024, según Data Privacy Brasil.
Según Artificial Intelligence Act Tracker, la multa máxima es de 50 millones de reales brasileños (aproximadamente 1.6 millones de dólares) o, alternativamente, el 2% de la facturación total de la empresa, y aplica a proveedores y operadores de sistemas de IA.
Según Tech Policy Press, la votación en la Cámara de Diputados, originalmente prevista para fines de 2025, se postergó a febrero de 2026 por falta de consenso político y desacuerdos sobre el texto, incluyendo debates adicionales sobre centros de datos.
Según Data Privacy Brasil, el texto original del Artículo 15 incluía el riesgo a la integridad informativa, la libertad de expresión, el proceso democrático y el pluralismo político como criterios para identificar escenarios de alto riesgo. El relator eliminó esos criterios, justificando el cambio en la necesidad de garantizar la libertad de expresión como valor fundamental de toda sociedad democrática.
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